Hugo Ruiz DÃaz Balbuena **
Paris, 4 de noviembre 2004
La victoria del EP/FA-NA en Uruguay abre nuevas perspectivas en todo el continente, principalmente en lo que se refiere a la oportunidad histórica de reconstituir un reagrupamiento de bloques democráticos y progresistas.
Al mismo tiempo, uno de los problemas cruciales al que se encuentra confrontada la región latinoamericana en su totalidad es el problema del sub-desarrollo, hasta hace poco, una palabra tabú.
Este sub-desarrollo está Ãntimamente ligado al problema de la deuda externa y a las polÃticas de privatización y de saqueo de recursos públicos pregonadas e impuestas por las instituciones financieras internacionales.
La deuda externa se convierte asà en un instrumento de dominación y de estrangulamiento del futuro de nuestros pueblos através de la acción conjugada del FMI, del Banco Mundial y de la OMC, trÃpode de las relaciones económico-financieras internacionales y guardianes del orden neoliberal y de los intereses privados.
La historia de la crisis del endeudamiento de nuestros paÃses es la historia de empréstitos fraudulentos y de deudas odiosas y nulas. Es la historia de la conducta ilÃcita de acreedores tanto públicos como privados, tal cual fue demostrada por la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro 2, Expediente Nº 14.467 caratulado '0LM0S, Alejandro s/ Denuncia'. En esas actuaciones el Magistrado interviniente Dr. Jorge Ballestero, en julio del 2000, determinó en su resolución la existencia de, por lo menos, cuatrocientos setenta y siete delitos vinculados al endeudamiento externo ocurridos durante la dictadura militar. Todo esto, bajo la participación y atenta vigilancia del FMI y del Banco Mundial.
La misma historia se repite con la investigacióon hecha por el congreso peruano y publicado en el 2003: corrupción, apoyo a un régimen criminal, deudas odiosas, nulas et substancialmente ilÃcitas, y por sobre todo, la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales y de los banqueros privados, que actuaron como verdaderas « organizaciones criminales » en el sentido estricto adoptado por el artÃculo 11 del Estatuto del Tribunal Penal Militar de Nuremberg.
Estas investigaciones, tanto judicial como por la viÃa de un órgano polÃtico como es el parlamento, constityen verdaderos actos del ejercicio de la competencia de los poderes públicos quienes finalmente son los que deben asumir sus responsabilidades frente a la ciudadania. Aquéllas investigaciones nos hablan de la importancia crucial de la puesta en marcha de mecanismos adecuados y eficaces que coadyuven a salir del impase de la deuda externa y del sub-desarollo. Es uno de los retos al que se enfrenta de entrada el nuevo gobierno uruguayo.
El pago de la deuda: un obstáculo al desarrollo económico y social
Según los datos del Banco Mundial, la deuda total de los paÃses en desarrollo era de 580 mil millones de dólares. A fines del 2002, la deuda alcanzó la suma astronómica de 2. 400 millardos de dólares, es decir que ella fue multiplicada por cuatro.
Entre 1980 y 2002 los paÃses deudores reembolsaron a los acreedores más de 4.600 millardos de dólares, lo que equivale a ocho veces lo que debieron para finalmente encontrarse hundidos en el espiral de la deuda: después de pagarla se encontraron endeudados cuatro veces más!!!
América Latina reembolsó asà su deuda 7, 2 veces , la voracidad de las instituciones financieras internacionales y de los acreedores privados continuando a provocar catástrofes humanas, sociales y medio ambientales.
Pero el problema no se agota en el pago de los servicios de la deuda: ella es ante todo un instrumento en las manos de los acreedores los que utilizan la crisis de la deuda para imponer politicas economicas, comerciales y financieras liberales, tendientes a poner en las manos del sector transnacional las riquezas y recursos del continente.
En efecto, un análsis atento de la acción de estas instituciones permite de constatar que las polÃticas de ajuste impuestas por el FMI, el BM y sus organismos regionales van mucho más allá de una polÃtica financiero-económica englobando casi todos los aspectos de la vida economica y social de los Estados. Podemos resumir las reformas pregonadas como sigue:
* Devaluación de la moneda nacional con respecto a otras monedas. Esta medida está destinada a la proporción de las exportaciones a expensas de los cultivos tradicionales y de subsistencia. Es la polÃtica del todo a la exportación. Pero la depreciación de la moneda conlleva el encarecimiento de las importaciones; en consecuencia, se debe desembolsar cada vez más para importar. Los grandes beneficiarios son de nuevo las corporaciones de los paÃses del Norte.
* Reducción drástica de subvenciones para los productos alimenticios, reducción de presupuesto dedicado a las empresas públicas, disminución de salarios de funcionarios públicos, despidos masivos…,
* Privatizaciones por medio de la liquidación y/o remate de empresas públicas y servicios rentables para las transnacionales,
* Reducción de restricciones impuestas a las inversiones extranjeras,
*Liberalización del comercio.
El problema de la deuda aparece claramente relacionado con la polÃitica que los gobiernos debenimplementar: actuar quasi-exclusivamente en favor del sector privado trasnacional y de los bancos privados del norte, renunciar al rol social del Estado, inserción en el sistema comercial mutilateral hecha a la medida de las firmas transnacionales, etc.
Allá donde el Poder público aseguraba un servicio mìnimo a la población, fue substituÃdo por el sector privado, principalmente en los sectores considerados como los más rentables. Es asà que las polÃticas de ajuste conllevan la privatización de recursos naturales, tales el agua, gas, minerales, recursos de la biodiversidad, plantas medicinales y microorganismos. Pero también se extienden y se aplican a nuevas regulaciones jurÃdicas destinadas a salvaguardar y proteger las inversiones privadas, la liberalización de la circulación de capitales y el control de los bancos centrales. Estas a su vez, acompañadas por el desmantelamiento de las responsabilidades sociales del Estado que procede a la privatización de hospitales, de los transportes terrestres y marÃtimos, a la eliminación de subsidios de medicamentos, privatización de escuelas, colegios, universidades, pensiones y jubilaciones, etc. Además las polÃticas impuestas por el FMI y el BM refuerzan la transferencia de competencias de los poderes públicos en caso de litigio con los acreedores, trasladando la competencia nacional de los tribunales del paÃs deudor a tribunales nacionales de los paÃses desarrollados o en centro especializados para litigios en materia de inversiones como el CIADI , miembro del Grupo del Banco Mundial y guardian legal de los intereses de las firmas privadas transnacionales.
La finalidad última de las privatizaciones es que el capital privado, por intermedio de las grandes corporaciones transnacionales, tenga acceso irrestricto a esos recursos asegurándoles el traspaso de bienes públicos.
Determinar el carácter odioso o nulo de la deuda y su legalidad o ilegalidad:la responsabilidad histórica del gobierno uruguayo .
En Argentina hace unos dias, el 22 de Octubre exactamente, el Diputado Mario Cafiero presentó un proyecto de Ley para declarar odiosa la deuda contraida por la última dictadura militar y que fue el elemento determinante de la catástrofe económico-social y polÃtica de este pais que se encuentra literalmente en quiebra. El carácter odioso y absolutamente nulo de la deuda argentina ya no puede ser puesto en duda. En este caso, la declaración de nulidad de la deuda implicarÃa no solamente dejar de pagarla legalmente sino abirirÃa las vias legales para reclamar las debidas reparaciones tanto a los acreedores privados como a los acreedores multilaterales como el FMI y el Banco Mundial que participaron activamente en el saqueo y pillaje de los recursos del Estado argentino.
En lo que respecta Uruguay, este pais deberá pagar la suma de 2.293 millones de dólares como servicio de la deuda. El monto durante el gobierno de Tavaré Vázquez, alcanzará aproximadamente la suma de 7.000 millones de dólares.
En forma concomitante a la crisis actual que golpea a este pais, la pobreza aumentó en forma vertiginosa a partir de 2002 y hoy el 30 por ciento de la población vive en la pobreza. En un pais que cuenta con 3, 4 millones de habitantes, 850 mil personas carecen de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas cotidianas.
En estas condiciones, la deuda es objetivamente impagable, porque su pago deberá hacerse sacrificando los derechos básicos fundamentales de la población como la salud, el acceso al agua, a la educación pública, a los medicamentos, etc., aumentando asà el ejército de marginados y de desempleados.
Se plantea entonces el dilema siguiente: seguir pagando la deuda a costa de sacrificar el presente y el futuro de los ciudadanos, los bienes públicos, los recursos naturales estratégicos, los bienes comunes, incluso la soberanÃa misma del pais ? Seguir pagando una deuda que ya fue pagada y de la que no se tiene una idea exacta de la manera en la que fue contraÃda ? O, previa investigación, repudiar la deuda nula u odiosa y todas la deudas ilegales, liberando asà los fondos necesarios y urgentes para una polÃtica de desarrollo económico y social. He aquà el verdadero problema de fondo.
Según Danilo Astori, propuesto para ministro de EconomÃa, hoy, romper con el FMI y repudiar la deuda significa aislarse e ir hacia una suerte de africanización . Esta simple declaración habla ya de la importancia capital que plantea el problema de la deuda externa para la población.
En el fondo, lo que está en juego va mucho más allá de un proceso de africanización: es la legitimidad y credibilidad mismas del nuevo gobierno que encarna los deseos de cambios profundos por parte de los ciudadanos que lo llevaron al poder, la que se jugará en este campo.
Es importante decir que el problema de la relación con las Instituciones financieras internacionales no se plantea necesariamente en términos de ruptura o de continuidad. Se trata esencialmente de construir una relación en la que los poderes públicos, fundados en una legitmidad democrática, proceden a la puesta en marcha de una polÃtica de desarrollo económico y social. En ultima instancia, se trata de conducir una polÃtica coherente con las aspiraciones ciudadanas que reclaman las debidas reformas sociales y económicas.
Asimismo, parece exagerado plantear que en caso de que los poderes públicos cuestionen la naturaleza de las deudas públicas contraidas por gobiernos precedentes y las polÃticas antisociales y antidesarrollistas impuestas por las instituciones financieras internacionales; eso conducirá directamente hacia un proceso de africanización y de aislamiento internacional.En todo caso, tanto en Uruguay como en América Latina, ese proceso ya está presente.
La experiencia misma del Uruguay, cierto en un contexto internacional diferente, puede servir de referencia para que el actual gobierno tome las medidas que se imponen como una evidencia. En 1891 la administración de Herrera y Obes procedió a una suspensión del pago de la deuda pública. Esta decisión, en lugar de aislar o debilitar al gobierno, lo puso en condiciones adecuadas para renegociar o reestructurar los términos de pago de la deuda pública. Asimismo, en 1932, nuevamente el gobierno uruguayo decidió establecer una moratoria sobre la deuda pública. Dos medidas ejemplares fueron tomadas. Primero, la conversión de la deuda externa pública en moneda nacional. Segundo, la decisión de limitar unilateralmente la tasa de interés. Ninguna represalia frente a estas decisiones. Esto nos muestra que cuando se toman medidas(aunque sean provisorias) de no pago de la deuda pública, ellas no conllevan automática y necesariamente al aislamiento y a la africanización.
Pero, además de la posibilidad de la toma de decisiones unilaterales de no pago de la deuda, existe igualmente un mecanismo que se encuentra a la disposición y alcance de cualquier gobierno democrático: la auditoria.
La Auditoria de la Deuda externa: una competencia exclusiva del poder público y un instrumento ciudadano democrático privilegiado
Para justamente evitar el aislamiento tan temido, los poderes públicos tienen los instrumentos necesarios a su alcance sin que su ejercicio se traduzca necesariamente en actos ilÃcitos o en el incumplimiento de las obligaciones internacionales.
En efecto, en tanto que Estado soberano y en cuanto poder público que actúa como órgano del Estado en derecho internacional, el gobierno democrático antes de tomar la decisión de continuar el pago de la deuda externa, puede decidir lÃcitamente según el derecho internacional, realizar una auditoria integral de la deuda externa. En este sentido, la auditoria es un acto gubernamental legÃtimo que cae esencialmente en el campo de las competencias que le son inherentes. Es extremadamente importante recalcar que en el ámbito de las relaciones económicas y financieras internacionales, el principio de la continuidad del Estado, no es aplicable, asà como no lo es en el plano de los acuerdos militaires, de alianzas militares, etc.
La auditoria, en tanto que competencia exclusiva del gobierno, permitirÃa detectar qué parte de la deuda externa es legal y qué parte es ilegal, qué parte es nula o anulable, a quiéen se debe, a quién se paga, cuánto se paga y por sobre todo, por qué se debe y por qué se paga.
Hay varios ejemplos de auditoria de la deuda en América Latina. Uno de ellos es la que fue hecha por el gobierno de Getulio Vargas y que permitió por un lado, detectar las irregularidades de los contratos (que en muchos casos ni siquiera existieron) y por otro, posibilitó que su gobierno se encontrara en mejor posición de renegociación frente a los acreedores.
De la misma manera, la investigación del Congreso peruano sobre la deuda externa contraÃda por el régimen de Fujimori es otro ejemplo actual que demostró el carácter ilegal de dichos empréstitos. La investigación hecha por el Congreso peruano permitió igualmente establecer claramente por un lado, la legalidad y la ilegalidad de la deuda contraÃda y por otro, permitió delimitar las responsabilidades, tanto de los personeros del gobierno Fujimori como las de los acreedores, privados y públicos.
Lo mismo se puede decir de la auditoria realizada por el Poder judicial en Argentina que mostró sin ambiguedad alguna el carácter nulo y odioso de la deuda externa argentina asà como la estrecha complicidad y corrupción en la que estuvieron implicados el FMI, el Banco Mundial y los bancos privados del Norte.
Además de estos aspectos, la auditoria de la deuda es un acto por el cual se garantiza una participación activa y democrática y un control de los ciudadanos sobre las relaciones financieras y económicas internacionales y sobre los actos de gobierno.
Repitamoslo, el gobierno, en tanto que poder público, conserva intacto, según el derecho internacional, la competencia necesaria para proceder a un análisis detallado de toda la deuda externa. Es al gobierno y a los ciudadanos y no a los acreedores, de decidir si la deuda externa de un pais es lÃcita o ilÃcita, si ella es nula o no y por consecuencia si se paga o no se paga. Y en caso de deudas ilicitas o nulas u odiosas, es a los acreedores de restituir integralmente todo de lo que ilicitamente se apoderaron.
Al fin de cuentas, la auditoria no es más que la recuperación de un derecho básico que fue escamoteado a los ciudadanos por los acreedores: el derecho de participar en la gestión de los asuntos públicos asà como el derecho de controlar democráticamente los actos de las instituciones financieras internacionales que al final de cuentas, deben actuar según las normas del derecho internacional,cuyas reglas están obligadas a respetar.
Al mismo tiempo, un tal acto de soberania necesita de una polÃitica de contrucción de reagrupamiento de bloques de Estados latinoamericanos, especialmente con los gobiernos progresistas y democráaticos de nuestro continente, único medio para poder restablecer un mÃnimo de equilibrio en la correlación de fuerzas que favorecerá la puesta en marcha de procesos enodógenos de desarrollo económico, social en cuadro de respeto y protección del medio ambiente.
Repudiar la deuda, previa auditoria, es precisamente el instrumento que permitirá a América Latina en general y a Uruguay en particular escapar del cÃrculo vicioso de la deuda externa y del sub- desarrollo.
** Investigador paraguayo radicado en Paris, Doctor en Derecho Internacional, Investigador jurÃdico en el CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo)y Colaborador del Servicio Informativo Ecuménico y Popular (SIEP).
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