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La consolidación oligárquica neoliberal en El Salvador

Finalmente, existe una tercera razón, la socioeconómica. Este bloque de poder es una estructura que aglutina un descomunal poder económico y, por consiguiente, una influencia política aplastante que ha sido capaz de moldear al Estado salvadoreño para usarlo a su antojo. Los nuevos oligarcas controlan un gran capital (relativamente importante tomando en cuenta el tamaño del país) que ahora es permeable a las fronteras nacionales y se expande regionalmente de forma creciente. Esto también ha llevado a la reproducción y exacerbación de las desigualdades históricas padecidas, lo que a su vez incide en el desarrollo de un país con mayor justicia social y oportunidades para todos.

LA CONSOLIDACIÓN OLIGÁRQUICA NEOLIBERAL ENEL SALVADOR: UN ACERCAMIENTO HISTÓRICO A LA EVOLUCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PODER *
CARLOS VELÁSQUEZ CARRILLO **

*El presente trabajo se deriva de la Tesis Doctoral del autor, titulada “La Persistencia del Poder Oligárquico en El Salvador: La Transformación Neoliberal y la Consolidación de la Desigualdad y el Privilegio en el Período de la Post-Guerra”, defendida en mayo de 2012 en la Universidad de York, Toronto, Canadá.

  • Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, Toronto, Canadá. Investigador Asociado del Centro para la Investigación de América Latina y el Caribe (CERLAC), Universidad de York, e Investigador Asociado de FLACSO-El Salvador. Contacto:carvel76@gmail.com

La historia de El Salvador en la era republicana ha sido caracterizada por abismales desigualdades en el engranaje de las relaciones sociales y la estructura del poder. Es notorio el uso histórico del término “las 14 Familias” que fue utilizado para denotar a la oligarquía cafetalera que sedimentó en las reformas liberales del último cuarto del siglo diecinueve y que dominó al país por un siglo (1880-1980).

En el ideario popular “las 14 Familias” se resumió en la simple noción de “la Oligarquía” e incluso se sigue utilizando hasta el día de hoy para identificar a las contadas familias que siguen controlando el nuevo poder económico en la era neoliberal. Pero desde el punto de vista conceptual/analítico, nos podemos preguntar: ¿Cómo ha cambiado la oligarquía en El Salvador?¿Cuáles son las nuevas dinámicas políticas y socioeconómicas que caracterizan la composición y comportamiento del nuevo grupo de poder?

Durante 20 años (1989-2009), y de la mano del instrumento partidista de la oligarquía, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), El Salvador experimentó la implementación de un programa neoliberal basado en la privatización, la desregularización, la dolarización y el libre comercio que al mismo tiempo constituyó la piedra angular para la reconstitución de la estructura tradicional de poder donde la oligarquía nacional ha logrado consolidarse.

El Salvador cambió aceleradamente durante ese tiempo, de un sistema agropecuario exportador con tintes semifeudales a una economía basada en las finanzas y los servicios. Del mismo modo, la antigua oligarquía cafetalera se ha transformado en una clase financiera dentro del marco de esta nueva economía basada en las finanzas y los servicios, que además se ha convertido en una clase importadora que utiliza el dólar estadounidense como moneda y sobrevive gracias al consumo que sostienen las remesas que los salvadoreños en el exterior, principalmente en Estado Unidos, mandan a sus familias periódicamente.
Por lo tanto, la nueva oligarquía ha cambiado sus viejos fundamentos ideológicos que se basaban en preceptos terratenientes/feudales y retrógrados por el innovador y “modernizante” mundo de la doctrina neoliberal, pero el resultado macro social de este quiebre ideológico ha representado simultáneamente un continuismo del privilegio y la desigualdad en El Salvador, y de hecho la estructura de poder se ha consolidado e incluso se ha agudizado.

El siguiente artículo intentará facilitar un análisis crítico de esta problemática salvadoreña dentro del marco de los desafíos que se han venido fraguando en el periodo de la posguerra y que condicionan la evolución política y socioeconómica del país: el fin del modelo agroexportador, el neoliberalismo y la consolidación oligárquica dentro de la dinámica del capitalismo transnacional.

Como objetivo principal, el artículo buscará presentar una reseña histórica/analítica de la evolución del poder oligárquico en El Salvador, manteniendo como eje central del análisis las formas de mantenimiento y reconfiguración del aparato de dominio de clase que ha caracterizado al país desde la segunda mitad del siglo XIX. La primera sección abordará un análisis histórico de la conformación de la oligarquía cafetalera entre los años 1880 y 1932, mientras que en la segunda sección examinaremos la alianza histórica entre la oligarquía cafetalera y los militares que se pactó para mantener el sistema a flote hasta 1979.

La tercera sección presentará un recuento del giro neoliberal que catapultó a una nueva oligarquía dentro del marco de una economía terciaria, importadora y orientada al consumo improductivo, a costa de las mayorías que continúan marginadas y sumidas en enormes desigualdades socioeconómicas. Finalmente, la cuarta sección buscará presentar un análisis de la creciente identidad transnacional de la nueva oligarquía salvadoreña, tanto para dejar constancia de su nuevo carácter como de su vertiginoso poderío.
Caracterización Histórica de la Oligarquía Cafetalera

El fundamento económico de la oligarquía cafetalera se cimentó durante las reformas liberales a finales del siglo diecinueve, cuando el régimen de Rafael Zaldívar eliminó por decreto todas las tierras comunales y los ejidos indígenas para abrir paso a la privatización de la tierra y facilitar la expansión del incipiente sector cafetalero (Colindres 1977;Lindo 1980 & 1990; Menjívar 1980).

En febrero de 1881 se aprobó la “Ley de Extinción de Comunidades” la cual afectó a más del 15% de la tierra productiva del país y ordenaba a los administradores de las tierras comunales campesinas a dividir sus propiedades de forma individual ó a vender las tierras a personas que estuvieran dispuestas a comprarlas (Menjívar, 1980: 100-101). Esta ley dejaba al descubierto la nueva orientación en el régimen de tenencia de la tierra:
(…) la indivisión de los terrenos poseídos por comunidades impide el desarrollo de la agricultura, entorpece la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo… que tal estado debe cesar cuanto antes como contrario a los principios económicos, políticos y sociales que la República ha aceptado. (Geoffroy Rivas, 1973: 438)

Un año más tarde se aprobó la “Ley de Extinción de Ejidos”, que de igual forma descalificó las tierra comunales “por cuanto anulan los beneficios de la propiedad en la mayor y más importante parte de los terrenos de la República” (Ibíd.). La visión de Zaldívar se basaba en la construcción de un país agroexportador que desechaba todas las formas arcaicas de producción y tenencia de la tierra en favor del dinamismo de la exportación del café que no sólo diversificaría el economía nacional sino que también proporcionaría una mayor fuente de ingresos para financiar la eventual expansión del aparato estatal.

Asimismo, y para asegurar la mano de obra en las nuevas plantaciones de café, Zaldívar introdujo leyes que prohibían “vagancia y trabajo migratorio” y asignaban “jueces agrarios” para controlar la disponibilidad de jornaleros, mientras se autorizaba la expulsión de “intrusos” en todas las nuevas tierras privadas por parte de la recién formadas patrullas policiales comunales (Gordon 1989: 21). El aparato represivo se reforzó progresivamente con la introducción de la Policía Rural en 1889, asignada primordialmente a las tierras cafetaleras. Es importante señalar que el crecimiento de los cuerpos represivos obedeció a la modalidad de privatización de la tierra.
A medida que las tierras comunales y los ejidos perdieron apoyo estatal, la clase dominante, consolidada en el periodo republicano y vinculada con el régimen de Zaldívar, se convirtió en el gran beneficiario de la reforma liberal. Aprovechando la ambigüedad de las leyes y las brechas legales que éstas permitían, la clase dominante se sirvió de prácticas corruptas, tales como la contratación de abogados inescrupulosos y el soborno de administradores locales, para apropiarse de las mejores tierras del país. A esto se añadió la eventual expulsión forzada de indígenas y campesinos para “limpiar” las tierras y agilizar la explotación cafetalera (Geoffrey Rivas, 1973: 439).

Es aquí donde los cuerpos represivos encontraron su mayor punto de acción: despojando las tierras de forma ilegal y violenta y conteniendo las rebeliones campesinas que se levantaron para combatir los abusos, como sucedió en 1882, 1885 y 1889 (Menjivar 1980: 89; Trujillo 1981).Este proceso de despojo no solamente permitió la base de acumulación originaria para fundamentar el nuevo modelo agroexportador y la base material para establecer la nueva oligarquía cafetalera, sino que también representó el hito en la formación de un régimen socioeconómico fundamentalmente injusto y caracterizado por enormes desigualdades que se reprodujo de forma permanente por casi un siglo.

Según Flores Macal, para 1886 unas cuantas familias, por ejemplo Alfaro, Palomo, Dueñas, Regalado, Escalón y Meléndez, se habían apoderado de 40% del territorio nacional para expandir el sector agroexportador, la mayoría antiguas tierras ejidales y comunales (Flores Macal, 1983: 60). La nueva Constitución de 1886 promulgó oficialmente la privatización de la tierra y el modelo agroexportador como la estrategia nacional hacia el desarrollo, mientras que la emergente oligarquía cafetalera se convertía en la nueva clase dominante que controlaría las riendas del modelo agroexportador y todos los demás sectores económicos del país.

Del mismo modo, esta clase también se constituiría como una élite gobernante ya que miembros de este grupo ocuparon la silla presidencial hasta la tercera década del siglo veinte (Mariscal, 1979: 143).Este proceso de acumulación originaria concluyó en el logro de tres objetivos fundamentales para la consolidación de la nueva oligarquía cafetalera: permitió el despojo de tierras y la liberalización de la mano de obra para sostener al industria del café; propició la inserción de El Salvador dentro de los circuitos del mercado internacional como mono-exportador de café; y eliminó la tradición de gestión de tierras por parte de los gobiernos municipales al centralizar esta gestión en manos del gobierno nacional, lo que a su vez facilitó la transferencia de tierras a los intereses oligárquicos que controlaban el Estado nacional.

Para finales del siglo diecinueve, la exportación de café se había convertido en la espina dorsal de la economía nacional, ya que representaba 76% de las exportaciones (esta cifra llegaría a 95% en 1931) y recaudaba más del 80% de las rentas del Estado(Geoffroy Rivas, 1973: 439).

Del mismo modo, la industria del café se convertiría en el negocio exclusivo de unas cuantas familias oligárquicas que se mantendría hasta 1979,un grupo que se denominó “las 14 familias” ya que los más poderosos constituían ese número aunque en realidad era un grupo más numeroso (Colindres 1977; Albiac 1999; Paniagua 2002).

En el cuadro 1 se especifican las principales familias que controlaron este rubro hasta mediados de la década de los setenta, una producción que representaba más de dos tercios de la producción nacional cafetalera y que se llevaba a cabo en la mejor tierra de occidente del país.

Tabla 1. Principales Familias en la Producción de Café, 1974 (en miles de quintales)

Familias (s) Producción 1 Regalado Dueñas y Mathies Regalado 85 2 Guirola 72 3 Llach y Schonenberg 50 4 Hill y Llach Hill 49.5 5 Dueñas 45.5 6 Alvarez Lemus 42 7 Meza Ayau 41 8 Sol Millet y Escalante 36.5 9 Daglio 38.5 10 Otros Alvarez 33 11 Salaverría 32 12 Deininger 22 13 Alfaro (Castillo-Lievano-Vilanova) 22 14 Dalton 22 15 Lima 20 16 García-Prieto-Miguel Salaverría 20 17 Ávila Meardi-Meardi Palomo 19 18 Liebes 18 19 Battle 16 20 Álvarez Drews 14.5 21 Quiñonez 13.5 22 H. de Sola 13 23 Kriete 12.5 24 Cristiani Burkard 12 25 Eduardo Salaverría 12

Fuente : Colindres, 1976: 471

¿Cómo podemos caracterizar a este grupo dominante? Edelberto Torres Rivas argumenta que el concepto de lo “oligárquico” debe ser concebido como una “categoría descriptiva” que hace referencia a una forma particular de ejercer dominio político y económico dentro del marco de las relaciones y conflictos históricos entre las clases (Torres Rivas, 2007: 214). Asimismo, lo “oligárquico” se refiere a:
(…) la conducción política que corresponde al periodo de formación del Estado nacional, momento que corresponde al largo trecho histórico de consolidación de la economía comercial para la exportación, es decir, cuando se establecen de forma estable, orgánica, los lazos con el mercado mundial y, al mismo tiempo, cuando internamente las instituciones del orden colonial quedan redefinidas o superadas en un proyecto de integración y modernización capitalista.(Ibíd.: 214-215).
Esta caracterización del poder oligárquico se plasmó en El Salvador durante las reformas liberales y la privatización de la tierra ejidal y comunal, de donde emerge una nueva clase política-económica que se integra a los mercados internacionales mediante la exportación de café y termina por dominar el Estado nacional y la economía en su conjunto. Torres Rivas continúa:

“[en el poder oligárquico] la élite es capaz de hacerse de tierra y capital para sembrar, procesar o comerciar café, se convierte en una fuerza social dominante, violenta en sus métodos. Sus intereses son intereses mayores hasta alcanzar dimensión nacional, y por ellos el poder político se pone directamente a su servicio” (Ibíd.: 215). Es decir, en virtud del poderío económico acumulado por la oligarquía, el Estado pasa a subordinarse ante las necesidades e intereses multidimensionales de la clase oligárquica.

Finalmente, Torres Rivas añade:
en la constitución de esta dominación política se va conformando una relación profundamente desigual y autoritaria entre un pequeño grupo de propietarios terratenientes/comerciantes y una masa de campesinos o peones agrícolas (…) la subordinación política-paralela a la sobreexplotación económica-se apoya en una extensa y profunda estructura de privilegios sociales reales, con la base que otorga la propiedad de la tierra, o la tradición que acompaña el color de la piel o el apellido, la herencia de la posición social, el origen familiar (…) (Ibíd.).

En este sentido, el poder oligárquico encapsula tres aspectos que inciden en la estructura de poder en formación: el poder político y económico paralelos, el Estado como aparato subordinado a los intereses de clase dentro del marco del desarrollo capitalista y su conexión con el mercado mundial, y la consolidación de enormes desigualdades de clase claramente demarcadas.

Si tomamos en cuenta estas características de lo “oligárquico” como punto de referencia para conceptualizar la clase cafetalera que emergió en El Salvador después de las reformas liberales de finales del siglo diecinueve, podemos resaltar los siguientes rasgos como constituyentes de este grupo oligárquico:

i. Una clase política conformada por un limitado grupo de individuos pertenecientes a pocas familias que ostentan reconocimiento histórico y cuyo prestigio yace en su origen, raza, posición social dentro de la colonia, apellido, o alguna combinación de éstos

ii. Una clase económica que está fundamentalmente ligada al campo y a la industria agroexportadora, cuyo domino sobre la espina dorsal de la producción nacional le permite invariablemente controlar todos los demás sectores económicos que se derivan del sector primario (como la industria, el comercio, las finanzas y los servicios, entre otros). Es decir, el grupo oligárquico controla en su totalidad el sistema económico del país y todos los sectores que lo conforman.

iii. El Estado nacional funciona como un instrumento patrimonialista al servicio de la clase oligárquica, el cual a su vez es dirigido directamente por la oligarquía.

iv. El sistema socioeconómico que sustenta y reproduce al núcleo del poder oligárquico es fundamentalmente desigual y explotador, la riqueza está concentrada en muy pocas manos, las grandes mayorías son marginadas y explotadas al servicio del sector agroexportador, y las posibilidades de redistribución de la renta o movilidad social son esencialmente nulas.

v. La modalidad de ejercer el poder está basada en la imposición, la violencia y la represión, no existiendo una mediación institucional constituida que negocie y reconozca derechos democráticos para la población en general.

vi. Subordinación a la influencia de los poderes imperialistas y hegemónicos.

Esta conceptualización de la oligarquía cafetalera salvadoreña evolucionó a través de los años de acuerdo con los cambios políticos y socioeconómicos provocados tanto por factores internos como externos, siendo el protagonismo adquirido por los militares desde 1932 y los intentos de dar el salto a la industrialización, las variantes más notables antes de 1979.

Pero la esencia del poder oligárquico se mantuvo virtualmente intacta hasta 1979, cuando la crisis interna del sistema oligárquico, complementada por la disensión dentro del aparato militar y la organización popular de izquierda, provocó una crisis de poder y el fin del modelo oligárquico agro-exportador que estuvo vigente por un siglo.

La alianza oligárquico-militar y los desafíos del modelo

En este contexto es importante analizar los cambios en la correlación de fuerzas que provocó la Gran Depresión mundial de principios de los años treinta. La desigualdad, explotación y pobreza que resultaron de las reformas liberales y la expansión del modelo agroexportador se agudizaron con la caída vertiginosa de los precios del café durante la crisis mundial, lo que a su vez llevó a un aumento importante en la actividad y movilización política de las clases explotadas.

En enero de1932, y con el incipiente Partido Comunista como uno de sus fuerzas dinamizadoras, los campesinos y trabajadores en las zonas cafetaleras del país se levantaron en armas contra el modelo oligárquico, un evento histórico que puso en jaque momentáneamente al poder oligárquico (Anderson 1971, Marroquín 1977; Cerdas Cruz 1986; Guido Véjar 1988; Dalton 2000).

Como medida de emergencia, la oligarquía recurrió al ejército para restablecer el orden y sofocar la insurrección a fuerza de cañón y salvar un
statu quo que parecía moribundo. La intervención militar cerró “con broche de oro” su nuevo protagonismo al masacrar a 30.000campesinos, en su mayoría indígenas, y así inaugurar la dictadura militar que gobernaría el país por más de 60 años (Anderson 1971; Dalton 2000).

Con la masacre también se inició la alianza estratégica oligárquico-militar mediante la cual la oligarquía cafetalera preservaría su status como clase económica dominante pero ahora protegida por las armas de los militares que a su vez pasarían a ocupar su puesto como clase gobernante (Guido Béjar 1988). En este sentido, es importante destacar que durante este proceso de reacomodo en la estructura de poder y de recuperación del poder oligárquico ante el desafío de las masas, la ideología de la oligarquía cafetalera se mantuvo casi intacta a través del siglo veinte, y ésta ideología bloqueó todo esfuerzo por levantar iniciativas de desarrollo endógeno que diversificaran la base productiva del país y engendraran una distribución más balanceada de la renta nacional.

Los intentos por industrializar el país dentro del marco de un modelo de sustitución de importaciones quedaron truncos por una negligencia intencionada. Hasta finales de los años setenta, el sector oligárquico agro-exportador todavía constituía la espina dorsal de la economía salvadoreña y su mayor fuente de divisas y excedente económico (Dada Hirezi 1978;Sevilla 1983).

La alianza estratégica entre la oligarquía y los militares comenzó a manifestar deficiencias funcionales para la década de los setenta, alimentada por factores estructurales. Una fue la crisis de los precios del café durante esa década, lo que a su vez llevó a una intensificación en los niveles de explotación, pobreza y desigualdad. Igualmente, el crecimiento de las fuerzas de izquierda y las organizaciones de masas propició un movimiento popular con un carácter progresivamente dinámico y convocador que comenzó a desafiar de forma abierta al régimen dictatorial militar, el cual había perpetuado su poder mediante elecciones fraudulentas en 1972 y 1977.

Esta movilización evolucionó eventualmente hacia una orientación político-militar con la conformación de grupos de guerrilla urbana que chocaban de forma ascendente con las fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente, otro factor que influyó en una creciente inestabilidad fue el paulatino protagonismo de fuerzas paramilitares de ultra-derecha, los llamados escuadrones de la muerte, patrocinados por la oligarquía para enfrentar de forma clandestina y violenta la organización popular (North 1985; Montgomery 1995).

La inestabilidad política generalizada desembocó en el golpe de Estado de octubre de 1979, liderado por la “juventud militar” y el ala más progresista de los militares conformada por los rangos bajos y medianos. El golpe de Estado se cristalizó en la creación de una Junta Cívico-Militar que prometió la introducción de reformas económicas y políticas que llevaran al país a la construcción de un sistema de corte liberal y con más equidad en la distribución de riqueza. Este intento apresurado de reformas también fue el último intento para evitar la inminente guerra civil que se avecinaba(North 1985; Menjívar Larín 2006).

Aunque la Junta no pudo desmantelar el modelo oligárquico, las reformas que introdujo tuvieron un impacto importante en el núcleo de poder económico de la oligarquía cafetalera. La Junta inició un proceso de reforma agraria que se llevaría a cabo en tres fases y tendría como objetivo central la eliminación del latifundio, mientras que a su vez introdujo la nacionalización de la banca y del comercio exterior, este último considerado la fuente principal de la riqueza de la oligarquía ya que la actividad más lucrativa de la agro-exportación es su comercialización en los mercados internacionales (Menjivar Larín 2006).

Mientras la Junta, debilitada por divisiones internas y por la esperada ofensiva política por parte de la oligarquía, cedía el paso a un reacomodo de poder que se asemejaba al statu quo que precedió al golpe, y con la guerra civil ya en curso, los demócratas cristianos (DC) ocupaban el protagonismo político con la ayuda de la administración Reagan y su plan de contrainsurgencia. Los DC eran enemigos históricos de la oligarquía y apoyaron el desarrollo de los tres paquetes de reformas que la Junta introdujo, mientras que el gobierno de Reagan elegía a los DC y su reformismo de centro para librar la guerra contra el socialismo revolucionario representado por la guerra popular en manos de la izquierda militante y avanzada por el ejército guerrillero del FMLN (Lungo 1990).

Entonces, podemos afirmar que el histórico poderío político-económico de la oligarquía cafetalera fue desarticulado durante la década de los ochenta por la combinación de tres factores: el ala progresista del militarismo que engendró los proyectos de reformas que dislocaron el poder económico de la oligarquía; los DC que apoyaron las reformas y recibieron el visto bueno de la administración Reagan dentro del marco de la guerra civil; y el proyecto revolucionario anti-oligárquico avanzado por el FMLN mediante la lucha armada y en aras de tomar el control del Estado.

Esto no significó necesariamente que la oligarquía desapareció del radar del poder nacional, sino que el poder casi absoluto se desarticuló y requirió de una reconfiguración estratégica para recuperarlo. Es más, la reforma agraria no se implementó en su totalidad, y aunque alrededor de 20%de la tierra fue redistribuida a cooperativas campesinas, la etapa que supuestamente iba a eliminar los latifundios nunca se llevó a cabo (Zamora, 1998: 54).

De igual forma, la banca nacionalizada siguió favoreciendo al sector oligárquico en cuanto a crédito e inversión, mientras quela comercialización del café y otros productos en manos del Estado sufrió del boicot sistemático por parte de la oligarquía, lo que provocó un sesgo en la producción y una guerra al fin contra las agencias estatales a cargo del comercio exterior (Zamora, 1998: 59-65; Gaspar Tapia, 1989: 19-27).

Es decir, la oligarquía cafetalera sufrió una serie de golpes fuertes que la hicieron tambalear, pero no lograron hacerla caer del todo. Eventualmente, la tabla de salvación la proporcionó la doctrina neoliberal, que para finales de la guerra en El Salvador se había convertido en la ideología hegemónica mundial capitaneada desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Giro Estratégico: ARENA y el Ajuste Estructural Neoliberal

Con el triunfo de ARENA en 1989, que convirtió en Presidente al oligarca cafetalero Alfredo Cristiani, las puertas se abrieron para que El Salvador experimentara con el modelo anunciado desde Washington como la nueva base de la economía mundial. Y es precisamente aquí cuando se lleva a cabo el quiebre histórico en la ideología constitutiva y funcional de la oligarquía salvadoreña: se da el salto de la mentalidad agraria tradicional a la “modernidad” de un modo de producción sustentado en el sector financiero e importador vinculado a los circuitos transnacionales de capital y de servicios.

De oligarquía retrógrada se pasa a una supuesta burguesía “despercudida” concentrada en los servicios y en las importaciones; del café y el siervo semi-feudal, se pasa al centro comercial y al trabajador asalariado flexible (Segovia, 2002: 53-91).

Invariablemente, el giro en la economía política que facilitó la consolidación oligárquica en El Salvador no se puede concebir sin tomar en cuenta el nuevo patrón ideológico mundial que emergió de los planteamientos del Consenso de Washington y el “Nuevo Orden Mundial” concebidos a principios de los años noventa. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética dieron la pauta para el inicio de una nueva ofensiva del aparato capitalista mundial para asegurarse un entorno económico/político a nivel global que propiciase la acumulación de capital y la multiplicación de las plusvalías.

La supremacía del individualismo sobre lo colectivo, la reducción de la intervención y regulación estatales en la economía, y la preponderancia del mercado como la fuerza productiva y distribuidora fueron los preceptos fundamentales del giro neoliberal mundial, primero implementados por Pinochet en Chile, Reagan en los EEUU y Thatcher en el Reino Unido y luego diseminados por el mundo a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y los Programas de Estabilización Económica (PEE) patrocinados por el Banco Mundial y el FMI.
En El Salvador, el giro neoliberal se comenzó a gestar en 1983, cuando intereses oligárquicos, amparados por la USAID, fundaron la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Este
think-tank se dio a la tarea de empezar a articular los preceptos neoliberales para su eventual implementación en El Salvador, y en 1985 publicó un documento titulado “La Necesidad de un Nuevo Modelo Económico para El Salvador” (Gaspar Tapia, 1989: 55-58; Vaquerano, 2005: 209).

Aquí se establecían las directivas de un modelo basado en la ampliación del libre mercado y la iniciativa privada, mientras que se abogaba por un Estado limitado y atacaba las políticas económicas de los DC que habían continuado con la mayoría de las reformas económicas implementadas por la Junta a principios de los años ochenta. Fue mediante este pronunciamiento que una fracción de la oligarquía salvadoreña oficialmente declaró su giro hacia el neoliberalismo como la estrategia a seguir para restablecer su dominio clasista y recuperar su poderío económico.

En este contexto, y después de más de diez años de lucha armada y 75.000muertos, el FMLN y el gobierno de Cristiani firmaron en enero de 1992 los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto y abrieron un nuevo capítulo en la historia del país. En esencia, los Acuerdos de Paz terminaron siendo pactos netamente políticos e institucionales que dejaron intacto el sistema socioeconómico del país, que paradójicamente había sido una de las causas de raíz de la guerra civil (Editorial ECA, 2002: 179-182).

Los Acuerdos de Paz pactaron la eliminación del aparato represivo del Estado, introdujeron cambios en el sistema judicial y el sistema electoral, reconocieron oficialmente los derechos humanos, y permitieron la transición del FMLN hacia un partido político legal. Pero al mismo tiempo, los Acuerdos no abordaron el sistema desigual de tenencia de la tierra, la concentración de la riqueza que aún se concentraba en pocas manos, los altos índices de pobreza y exclusión social, y dejaron intacto el programa de ajuste neoliberal que estaba en marcha desde que Cristiani había llegado al poder en 1989 (CIDAI, 2002: 212-4, 222-5)

Cuadro 2. Cambios en el empleo rural agropecuario y no agropecuario (1980 y 2004) (en porcentajes)
Empleo 1980 2004
Industria 13% 12%
Construcción 5% 4%
Comercio 11% 21%
Servicios 6% 10%
Otros 4% 10%
Agropecuario 61% 43%

Fuente: PNUD, 2005

Cuadro 3: Cambios en la fuente de divisas.

Fuentes de divisas 1978 2004
Agro exportaciones tradicionales 81% 5%
Remesas 8% 70%
Maquila 3% 12%
No tradicionales fuera de C.A. 8% 13%

Fuente: PNUD, 2005

Efectivamente, el giro neoliberal que la nueva oligarquía había concebido como su instrumento de reconfiguración de poder no tendría mayores obstáculos que superar. La primera gran transformación neoliberal del período de Cristiani fue la reprivatización de la banca, la cual benefició a un pequeño grupo y cimentó el nuevo poderío financiero que hoy vemos consolidado.

Con la aprobación de la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo (Noviembre 1990), el Estado salvadoreño asumió la responsabilidad de sanear la cartera morosa de los bancos nacionales mediante la transferencia de cartera de alto riesgo, un proceso que al finalizar le costó al fisco salvadoreño alrededor de 3500 millones de colones, aproximadamente US$700 millones (Arias, 2008: 90; Segovia & Sorto, 1992: 8).

La ley creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), cuyo objetivo central era el de asegurar que la cartera de los bancos estuviese solvente a fin de atraer la compra de acciones por parte de agentes privados (no se permitía la compra de acciones por parte de entes públicos), así como de proporcionar financiamiento para la adquisición privada de estas acciones, o sea, financiar a aquellos interesados en comprar acciones (Segovia & Sorto, 1992: 5-6).

El 29 de noviembre de 1990 se aprueba la Ley de Privatización de las Instituciones Financieras Nacionalizadas, y así se abre un ciclo de compra acelerada por parte de manos privadas de las acciones “saneadas” con capital público. A pesar de que las leyes de saneamiento y privatización contenían clausulas para impedir la concentración en la adquisición de acciones (como porcentajes límites y segmentos exclusivos para pequeños inversionistas), la mayor parte de la cartera bancaria terminó en pocas manos.

Un método utilizado por los oligarcas fue el de pago de testaferros o “prestanombres” que compraban acciones con nombre propio pero que en realidad eran de otro (o que recibían acciones por medio de poderes),y así evadir los límites legales establecidos por la ley (Moreno 2009). La falta de trasparencia llevó a que aliados de los oligarcas terminaran como directores de las instituciones o consiguiendo mayorías en las asambleas generales de accionistas donde los límites terminaron siendo burlados o simplemente ignorados.

Para mediados de los años noventa, el proceso de privatización de la banca había confluido en la creación de un oligopolio financiero controlado por familias de apellidos oligarcas con credenciales históricas y otros que habían ascendido durante el proceso mismo (ver cuadro 3). Indudablemente, la reprivatización de la banca sirvió como un instrumento fundamental para catapultar el poder financiero de la nueva oligarquía salvadoreña, la cual ya no cimentaría su poder en el control de las industrias de agro-exportación (café, azúcar y algodón) ni en la protección históricamente proporcionada por los militares, sino en la acumulación vertiginosa de capital y de inversiones que eventualmente llevó a la economía salvadoreña a convertirse en un rígido oligopolio controlado por un puñado de empresas financieras.

Este oligopolio financiero llegó a acaparar más del 90% de la cartera bancaria salvadoreña, y posteriormente el control de los bancos sirvió como base financiera para expandir los negocios de estas familias a las ramas del comercio, bienes y raíces, pensiones, aseguradoras, servicios y turismo (Equipo Maíz 2004).

Cuadro 4. Bancos Privados y Familias Propietarias (2004)

Banco Familias 1 Banco Cuscatlán Cristiani Bahaia, de Sola 2 Banco Agrícola Baldocchi Dueñas, Kriete Avila, Palomo Deneke, Araujo Eserski 3 Banco de Comercio Belismelis, catani Papini, Alvarez, Freund, Sol, Escalante Sol, Palomo 4 Banco salvadoreño Simán Jacir, Simán Siri, Zablah Touché 5 Banco de América Central y Credomatic Murray Meza, Meza Ayau, Sol Meza, Meza Hill, Palomo, Quiñonez Meza, Alvarez Meza 6 Scotiabank y Ahorromet Poma, Salaverría, Quirós, Llach Hill, Hill, Meza Hill, Hill Valiente

Fuente: Equipo Maíz, 2006

Cuando el capital transnacional le echó el ojo a los bancos salvadoreños, y tomando en cuenta la eliminación de los límites a las adquisiciones de acciones por agentes extranjeros que vino con la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos (CAFTA) en el 2004, la nueva oligarquía salvadoreña no tuvo otro remedio que vender los bancos con una ganancia estupenda: US$4 mil millones de dólares (Arias 2008: 96-97).

A esta venta hay que destacarla como una de las grandes estafas perpetradas contra el pueblo salvadoreño en los últimos años, ya que a pesar que los bancos nacionales fueron saneados con dinero público, la venta billonaria al capital transnacional no dejó un centavo en el fisco salvadoreño, por un lado porque la mayoría de los activos estaban registrados fuera del país, y por otro porque la evasión tributaria por parte de los oligarcas fue pan diario durante la gestión de ARENA (Ibíd.: 112).

La nueva política crediticia de los bancos privados, que castigaba al agro y alentaba los servicios, junto a las políticas de liberalización de precios dieron la pauta para la reversión paulatina de la reforma agraria de los años ochenta, ya que muchas cooperativas entraron en mora por la falta de apoyo estatal y la baja en competitividad, y de esta forma muchas tierras volvieron a sus dueños históricos (CONFRAS 2008).
Del mismo modo, la comercialización del café y del azúcar volvió a manos de sus antiguos dueños oligárquicos (Rivera Campos, 2000: 70). La importación del petróleo también se privatizó, mientras que una liberalización general de precios eliminó los subsidios y otras formas de apoyo estatal para la producción y consumo de productos de la canasta básica.

Cuando el segundo gobierno de ARENA, liderado por Armando Calderón Sol, privatizó el sistema de pensiones e introdujo las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión) los beneficiados fueron los grandes banqueros privados ligados a ARENA quienes terminaron integrando las AFP a sus prósperos circuitos financieros (Equipo Maíz2005).

Cuadro 5. Medidas neoliberales durante los gobiernos de ARENA (1989-2004)

Periodo Presidente Medidas
1989-1994 Alfredo Cristiani -Privatización del Comercio exterior para el café y azúcar
-Privatización del sector bancario
-Privatización delHotel Presidente
-Privatización de las importaciones de petróleo
-Liberalización de los precios de la canasta básica y eliminación de los subsidios al sector agropecuario-Cierre del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA),ente que vendía los granos básicos a precios subsidiados
-Cierre del Instituto de Vivienda Urbana (IVU), que estaba acargo de la construcción de vivienda pública
-Reducción del impuesto sobre la renta y los aranceles, y eliminación del impuesto sobre el patrimonio
-Introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
-Liberalización del tipo de cambio y la tasa de interés
1994-1999 Armando Calderón Sol -Privatización del sistema de pensiones-Privatización del sistema de distribución eléctrica
-Privatización de las telecomunicaciones-Privatización de los ingenios azucareros
-Privatización del sistema de placas y licencias viales-Aumento del IVA de un 10% a un 13%
1999-2004 Francisco Flores Dolarización de la Economía
-Privatización de algunos servicios médicos del sector público
-Privatización del aeropuerto y puertos
-Firma de tratados de libre comercio con México, Chile, República Dominicana y Panamá
2004-2009 Antonio Saca Firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos(CAFTA)

Fuentes: (Equipo Maíz,2004: 18-25; Moreno, 2004: 21)

Asimismo, la reforma tributaria impulsada por ARENA tuvo claros ganadores y perdedores. Para empezar, Cristiani eliminó el impuesto al patrimonio (pagado por los dueños de grandes propiedades), redujo a la mitad el impuesto sobre la renta (lo cual benefició a los que ganaban más) y comprimió gradualmente los aranceles (lo que facilitó el negocio de la importación al que muchos empresarios ya le habían apostado).

Los huecos fiscales que esta reforma tributaria acarreó fueron tapados con el IVA, el impuesto más regresivo que se puede concebir, sobre todo cuando ni los granos básicos ni las medicinas se salvan de él. El economista César Villalona lo describe de forma simple pero contundente: “El sistema tributario de El Salvadores como un Robin Hood al revés: le quita a los pobres para darle a los ricos” (Equipo Maíz, 2003: 25).

La dolarización de la economía en el 2001 significó un paso coherente con la naturaleza de la nueva orientación económica propiciada por ARENA. Al eliminar al colón, la moneda nacional, no solamente se le dio el tiro de gracia a la moribunda industria exportadora, sino que también se vino a beneficiar a los conglomerados bancarios y los grandes importadores ya que el riesgo de un colón devaluado, un impedimento para las compras en el exterior y un peligro para las deudas externas que los bancos habían contraído en dólares, fue cortado de tajo. La dolarización es generalmente considerada como una medida de último recurso para solucionar problemas de cambio y /o hiperinflación, pero en El Salvador, que no tenía problemas inflacionarios o cambiarios, esta medida se adoptó para acomodar el sistema monetario a las demandas de los intereses financieros de los grandes bancos (Villalona 2001; Lazo 2004)

Finalmente, los tratados de libre comercio (TLC) facilitan aún más la industria importadora y han terminado de rematar a las exportaciones y al sector agropecuario. Sucesivos gobiernos de ARENA firmaron TLC con México, Chile, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos, y lo que se ha logrado es el aumento paulatino de las importaciones mientras las exportaciones se estancan (Equipo Maíz 2008).

En el 2008, y de acuerdo al Banco Central de Reserva, el déficit comercial fue de más de 5 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado en la historia del país. Las remesas ya no podrán llenar ese vacío, y al no tener un sector exportador que genere divisas, el camino hacia un continuo endeudamiento parece ser la única opción viable a corto plazo (pero nefasta en el largo plazo).

Este recuento de las políticas neoliberales (ver Cuadro 5) implementadas por ARENA durante casi veinte años nos ayuda a dilucidar el nuevo engranaje del poder en El Salvador: una economía de servicios e importaciones que solamente beneficia los intereses de los nuevos grupos financieros e importadores y que castiga duramente a la minimizada clase media y a los sectores populares.

La economía neoliberal ha servido como el medio perfecto para que los grupos oligárquicos recuperen y consoliden sus intereses y privilegios en el ámbito nacional. Como vemos en el cuadro 6, el nuevo poder económico está concentrado en ocho grupos mayormente financieros, pero que también controlan la industria, el comercio, la construcción, los seguros, las pensiones, y los servicios, entre otros sectores.

Es importante notar que las familias que conforman este nuevo bloque de poder son, en su mayoría, las mismas que controlaron la industria cafetalera durante un siglo.

Cuadro 6: Nuevos grupos de poder en El Salvador (2004)

Grupo Familias Actividades Capital 1 Grupo Cuscatlán(44 empresas) Cristiani, Llach,De Sola,Salaverría, Hill inversión financiera; sector bancario;aseguradoras; pensiones;importación y distribución de medicamentos;distribución defertilizantes; construcción; corredoras de bolsa de valores; exportación de café; agenciasinmobiliarias; importación y venta deelectrodomésticos; industria textil; fumigación;industria de bebidas; tabaquerasUS US 6,865 millones 2 Grupo Banagrícola (36 empresas) BaldochiDueñas, Kriete Ávila, Dueñas,Palomo Déneke, Araujo Eserski,Pacas Díaz, Cohen nversión financiera; sector bancario;aseguradoras; pensiones;transporte aéreo;industria de cemento; industria de papel y plástico; comunicaciones; industria de licores;exportación de café; agencias inmobiliarias;industria química; ingenios de azúcar US$6515 millones 3 Grupo Banco Salvadoreño(54 empresas) Simán, Salume,Zablah, Touché Inversión financiera; sector bancario;aseguradoras; agencias inmobiliarias; industriaquímica; elaboración y venta de productosalimenticios; importación y fabricación deproductos industriales; construcción y serviciosde arquitectura e ingeniería; distribución decigarrillos; industria de harina de trigo; almacenajey bodegas US$1835 millones 4 Grupo Banco de Comercio(27 empresas) Belismelis,Catani, Papini, Álvarez, Freund,Cohen, Sol,Escalante Sol,Palomo Inversión financiera; sector bancario;aseguradoras; pensiones;industria siderúrgica;industria de cemento; industria de aluminio,industria láctea;exportación y comercializaciónde café; industria química; generación de energía eléctrica; industria avícola US$1351 Millones 5 Grupo AGRISAL Murray Meza,Meza Ayau, SolMeza, Meza Hill,Palomo, ÁlvarezMeza Inversión financiera; sector bancario; aseguradoras; pensiones; industria de cervezas; industria de bebidas y embotelladoras; industriade calzado, agencias inmobiliarias; exportación decafé; industria de cementoUS US$768 millones 6 GrupoPoma/SalaverríaPrieto/Quirós(55 empresas) Poma, Salaverría Prieto, Quirós Inversión financiera; sector bancario;aseguradoras; exportación de café; agenciasinmobiliarias; construcción y bienes raíces;centros comerciales; importación y distribuciónde automóviles; industria dealuminio; industriade cementoUS US$ 175 millones 7 Grupo Hill/LlachHill(13 empresas) Hill, Llach Hill,Meza Hill, Hill Argüello inversión financiera; sector bancario;aseguradoras; exportación de café; agenciasinmobiliarias; almacenaje y bodegas US$51millones 8 Grupo De Sola(10 empresas) De Sola aseguradoras; industria química; elaboración y venta de productos alimenticios; exportación decafé; agencias inmobiliariasUS US$25millones

Fuentes: Equipo Maíz 2006; Goitia 2006

Para el año 2004, el capital y los activos de las empresas de estos ocho grupos empresariales equivalieron a US$17.585 millones, una cifra de dos mil millones de dólares mayor al producto interno bruto del país, y que es igual a casi seis veces el presupuesto nacional para ese año, más del doble de la deuda externa y el equivalente a seis años de entrada de remesas familiares. Es decir, alrededor de 280 empresas en manos de un puñado de familias oligárquicas, la mayoría de tradición cafetalera, controlan un nivel mucho mayor de riqueza que los 6,5 millones de salvadoreños y ostentan una superioridad financiera abrumadora comparada a los recursos del gobierno nacional.

Asimismo, el modelo liberal que facilitó esta reconcentración de riqueza y poder ha despojado al Estado salvadoreño de su roles reguladores y distributivos, porque éstos se han transferido a la supuesta justicia y eficiencia del libre mercado y la ética empresarial. Es un Estado neoliberal, pero también un Estado secuestrado por un pequeño grupo de personas con intereses bien definidos e intocables.

Inevitablemente la concepción de un “libre mercado” en El Salvador no sólo es errada, ya que la sociedad salvadoreña se maneja con monopolios y oligopolios, sino que ha llevado a un ciclo perverso de injusticia en la economía política y de corrupción en la administración del Estado. Después de cuatro gobiernos de ARENA, El Salvador enfrenta una mayor concentración del ingreso nacional, el cual se alimenta de una economía especulativa que se concentra en las ganancias a corto plazo.

La desigualdad en El Salvador ha crecido y la pobreza se mantiene a niveles menos alarmantes porque las remesas familiares cumplen un papel vital. Hay un gran segmento de salvadoreños que sigue marginado y cuya perspectiva es desesperanzadora, mientras unos cuantos crecen sin límites (Editorial ECA, 2006). Para muestra, un botón: Social Watch reporta que en 1995el 66% de los frutos de la actividad económica quedaban en manos de los empresarios en forma de ganancias, mientras que el 34% les quedaba a los trabajadores en forma de salarios; para el 2005, las ganancias eran del 75% y los salarios del 25% (Hernández & Pérez, 2008: 124).

Si esa estadística se simplifica, se puede decir que “113.000empresarios se quedan con 75% de lo que producen2.591.000 personas trabajadoras” (Ibíd.). El índice Gini sitúa a El Salvador entre el 20% de los países más desiguales del mundo, con un 0.525 (Ibíd.). En cifras reales, esto significa que en El Salvador el20% más rico recibe más de 58% del ingreso, mientras que el 20% más pobre recibe apenas el 2.4%, veinticuatro veces menos que los más ricos. Otras estadísticas hablan por sí solas: entre 500 y 700 salvadoreños salen del país diariamente en busca de una vida mejor en otras tierras; entre el año 2000 y el 2007, según el Banco Central de Reserva, el número de hogares que reciben remesas creció casi 13 veces; el 56% de la actividad económica del país se realiza en la economía informal; el déficit comercial ya pasó los 5 mil millones de dólares (parte del cual debe ser cubierto con préstamos); y el sector agrario ha sido aniquilado adrede y apenas ronda el 10% del PIB, lo cual obliga al país a asumir la vulnerable posición de depender de las importaciones para poder adquirir alimentos (Moreno 2004: 51-78; Arias, 2008: 29)

Cuadro 7. Principales Indicadores Económicos (2008) (en millones de US$)
Exportaciones US 4,549.1
Importaciones US 9,754.4
Balanza comercial US 5,205.3
Deuda Externa US 10691.1
Remesas Familiares US 3,787.6 (17.1 % de PIB)
Sector servicios (% de economía) 51%
Sector agropecuario (%de economía) 13%
Sector industrial (% de economía) 23%

Fuente: Banco Central de Reserva http://www.bcr.gob.sv

Cuadro 8. Porcentaje de hogares en situación de pobreza con y sin remesas (2004)

Pobreza Con remesas
Condición de pobreza Total Urbano Rural
Pobreza total 34.5 29.2 43.6
Pobreza extrema 12.6 8.6 19.3
Pobreza relativa 22.0 20.6 24.4
Pobreza Sin remesas Total Urbano Rural
Pobreza total 41.2 34.9 51.9
Pobreza extrema 19.5 14.5 28.1
Pobreza relativa 21.7 20.4 23.8

Fuentes: PNUD, 2005; Goitia 2006

Del mismo modo, las remesas familiares que los migrantes salvadoreños que viven en el exterior, primordialmente en Estados Unidos, mandan a sus familias periódicamente, se han convertido en el pilar fundamental de la economía. Millones de salvadoreños han emigrado del país porque no se les ha brindado la oportunidad de un trabajo digno y un futuro mejor, y la ayuda financiera que brindan a sus familias constituye el factor que mantiene a flote a la economía salvadoreña.

En el año 2008, las remesas totales fueron casi US$3.787 millones, una suma que llegó casi al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y cubrió aproximadamente dos tercios del déficit en la balanza comercial. Lo trágico de la situación es que los migrantes que fueron expulsados del país mandan fondos que sostienen en pie precisamente al sistema que los expulsó, sobre todo porque más del 86% de las remesas se usan para el consumo, lo que a su vez contribuye a alimentar la base consumista, terciaria y de importaciones de la economía neoliberal (Moreno 2009).

Por tanto, las remesas ayudan a la reproducción de un sistema fundamentalmente injusto e insostenible. Es indudable que la ideología de los grupos de poder ha cambiado y por lo tanto su naturaleza y orientación funcional son diferentes. El grupo empresarial financiero que se ha logrado imponer es un grupo neoliberal desligado casi por completo de tendencias agrarias y exportadoras.

La economía que se ha creado, basada en el capital financiero, en los servicios, en las importaciones y que sobrevive de las remesas, da fe de ello. Pero las relaciones sociales desiguales y la rígida jerarquía del poder, ancladas en normas históricas, se han mantenido y se han profundizado. Asimismo, la nueva oligarquía utilizó al Estado nacional como un medio para avanzar sus intereses, un proceso que se cristalizó en la implementación sistemática del ajuste estructural neoliberal.

Entonces, podemos argumentar que las características históricas del poder oligárquico, enumeradas en la primera sección de este artículo, se han reconfigurado de forma muy similar durante la era neoliberal: la reconfiguración de una oligarquía conformada por unas cuantas familias en su mayoría de tradición histórica, el control casi absoluto por parte de este pequeño grupo de la economía nacional en todos sus sectores estratégicos, su concepción patrimonialista del Estado, su sostenimiento sobre un sistema fundamentalmente desigual e injusto basado en el despojo y la violencia solapada detrás de una democracia liberal de fachada, su desprecio por la redistribución y la justicia social, y su subordinación ante el poder hegemónico transnacional. Lo que cambió fue la mentalidad instrumentalista de la económica-política que la nueva oligarquía adoptó para rearticular su poder sobre la sociedad salvadoreña.

Transnacionalización del Nuevo Bloque de Poder
Hay un elemento de suma importancia que hay que añadir cuando se analiza la naturaleza y composición del nuevo bloque de poder en El Salvador: su creciente transnacionalización. En primer término, y desde el punto de vista ideológico, es importante señalar que en El Salvador, el modelo neoliberal se adoptó por iniciativa propia de los grupos de poder reemergentes que vieron al neoliberalismo como el camino a su reconfiguración.

Es decir, los agentes transnacionales no vinieron a imponer los PAE y PEE, sino que éstos se “tropicalizaron” de acuerdo a los cálculos e intereses de la nueva oligarquía. Sin embargo, es importante recordar que los gobiernos de ARENA siguieron al pie de la letra el esquema ideológico y programático del FMI y el Banco Mundial (salvo un par de casos, como la tasa de cambio fija) lo cual hizo de El Salvador un “alumno aplicado” y digno de emulación (Moreno,2009).

El Banco Mundial y el FMI avalaron y apoyaron el giro neoliberal en El Salvador, pero aquí hay que hacer dos importantes aclaraciones. Los PAE y PEE se diseñaron y diseminaron alrededor del mundo no para beneficiar las pequeñas oligarquías nacionales sino para crear las condiciones para un nuevo patrón de acumulación que sirviera a los intereses del capital transnacional y derrumbara los obstáculos que impedían las ganancias.

Segundo, la nueva oligarquía salvadoreña se engolosinó con las políticas neoliberales que se implementaron durante los años noventa y que le permitieron consolidar su nuevo poder, pero esto sucedió mientras el capital transnacional no le había echado el ojo al mercado interno salvadoreño como un espacio potencializador para las inversiones y las ganancias.

Este contexto cambió en el 2001 con dos importantes transacciones que involucraron importantes agentes transnacionales. Roberto Murray Meza, como el nuevo patriarca del Grupo AGRISAL, empezó la venta paulatina de la empresa de bebidas alcohólicas La Constancia a la cervecera transnacional sudafricana South African Breweries (después SABMiller) transacción que finalizó en el 2005 (Arias, 2008: 114).

Asimismo, la empresa de transportes aéreos TACA, propiedad de la Familia Kriete y uno de los pilares del Grupo Banagrícola, comienza su transnacionalización al expandirse a Sudamérica con la integración de TACA Perú y la creación del Grupo TACA, el cual también incluiría a las principales aerolíneas centroamericanas (adquiridas en los noventa) y a Volaris en México. TACA es hoy “Transportes Aéreos del Continente Americano”. Finalmente, en el 2005,la transnacional suiza Holcim pasó a ser el propietario mayoritario de Cementos CESSA, la cual había comprado con anterioridad la planta estatal Maya (Moreno, 2009).

El Grupo Poma/Salaverría/Quirós, un líder regional en los sectores de construcción e importación de vehículos, entre otras actividades, se ha venido expandiendo en Centroamérica, Estados Unidos y México (donde se ha aliado con el imperio de Carlos Slim) desde finales del los años noventa y se perfila actualmente a seguir su expansión en la región. Estos eventos nos llevan al análisis de varios aspectos importantes. Primero, es claro que el nuevo bloque de poder oligárquico, luego de haber consolidado su poder económico en el ámbito nacional, se lanza a la expansión regional porque considera que el mercado interno salvadoreño es ya limitado.

Segundo, finalmente se permite que el capital transnacional se adueñe de los sectores estratégicos que el nuevo bloque de poder oligárquico salvadoreño se había reservado desde el inicio del giro neoliberal.

Tercero, estos eventos sirvieron como antesala y preámbulo a la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU (CAFTA).La firma del CAFTA abrió las puertas a la venta del sistema bancario que comienza en el 2006-2007. Los estatutos del TLC eliminaron todas las medidas que protegían al capital nacional contra las ambiciones acaparadoras del capital transnacional, y el primer sector que cayó presa, por ser el más lucrativo, fue el bancario.

Citigroup compró el Cuscatlán, Bancolombia al Banco Agrícola,el canadiense Scotiabank al Banco de Comercio, y HSBC adquirió el Banco Salvadoreño. La venta de estos bancos fue de más de 4 mil millones de dólares, y además de los bancos, el capital transnacional adquirió también las aseguradoras, las administradoras de fondos de pensiones, y las bolsas de valores incluidas en los portafolios financieros de los bancos adquiridos (Arias, 2008: 96-97).

Una vez los grandes bancos transnacionales se interesaron en el mercado financiero salvadoreño, los oligarcas nacionales no tuvieron más remedio que someterse a la única opción disponible: sucumbir a las presiones de venta.
Así vemos que han habido tres niveles de transnacionalización que conciernen al nuevo grupo de poder oligárquico salvadoreño: primero, con la implementación del modelo neoliberal que lo alineó con las nuevas tendencias globales; segundo, con la entrada del capital transnacional que se ha intensificado en los últimos cinco años; y tercero, con la regionalización del capital del bloque, no sólo a Centroamérica y México, sino también a Sudamérica e,incluso, Estados Unidos.

En este sentido, el nuevo bloque de poder oligárquico salvadoreño ha adquirido una nueva e importante dimensión en su carácter funcional: la de su nueva condición transnacionalizada y su creciente interés en los mercados regionales.

Conclusión

El objetivo central de este artículo fue plasmar históricamente y de forma crítica los quiebres y continuidades de la oligarquía salvadoreña desde sus orígenes en el siglo diecinueve hasta su consolidación como un reconfigurado grupo de poder durante la época neoliberal de la posguerra. Es claro que la mentalidad política-económica de la oligarquía salvadoreña experimentó un quiebre importante al desechar la tradición agraria-cafetalera en favor de un modelo neoliberal basado en las finanzas y los servicios.

Sin embargo, la orientación macro-social de esta “nueva” clase representa una continuidad oligárquica en cuanto a su visión del desarrollo económico, la concentración de la riqueza en pocas manos, el rol del Estado, la redistribución de la renta y la justicia social, y la reproducción de un sistema socioeconómico basado en la desigualdad e injusticias estructurales.

Los medios cambiaron, pero las consecuencias del ejercicio del poder oligárquico se han reproducido e incluso se han exacerbado. El estudio de este proceso de consolidación oligárquica es importante por tres razones.

La primera es histórica-conceptual. Para reiterar, el nuevo bloque de poder oligárquico se ha levantado de las cenizas de la vieja oligarquía cafetalera con un carácter económico nuevo (el neoliberal), pero su mentalidad política permanece presa de las huestes excluyentes y del hambre de poder que caracterizaron a “lo oligárquico” históricamente. El Salvador es un país que siempre ha sido gobernando por atroces tendencias oligárquicas, y la clase dominante ha visto al país como su inalienable propiedad privada.
La nueva oligarquía representa la continuidad de esta tendencia, ahora con un aura de supuesta modernidad, que también marca contundentemente las fronteras que dividen a los ganadores de los perdedores del sistema.

La segunda razón es política. Se ha venido anunciando desde 1992 que supuestamente el país vive una democracia que goza de libertades y a la que se debe defender, pero los grandes beneficiarios de ésta son los mismos de siempre. Una verdadera democracia no puede crecer mientras un reducido grupo la manipula por conveniencia propia y se utiliza al Estado como instrumento de clase en aras de fortalecer y consolidar sus privilegios.

Como país que sigue luchando para construir una democracia al menos medianamente decente y alcanzar un mejor nivel de desarrollo integral, los salvadoreños y salvadoreñas deben preguntarse cuál es la clase de sociedad democrática que quieren: si la minimalista, donde votar es suficiente, o la que empodera al ciudadano común mediante canales participativos y promueve la acción en los diferentes ámbitos de la vida política. La existencia de esta oligarquía reconfigurada incide en esta decisión, porque al final la democracia tiene que ver con la administración y ejecución del poder mismo.

Finalmente, existe una tercera razón, la socioeconómica. Este bloque de poder es una estructura que aglutina un descomunal poder económico y, por consiguiente, una influencia política aplastante que ha sido capaz de moldear al Estado salvadoreño para usarlo a su antojo. Los nuevos oligarcas controlan un gran capital (relativamente importante tomando en cuenta el tamaño del país) que ahora es permeable a las fronteras nacionales y se expande regionalmente de forma creciente. Esto también ha llevado a la reproducción y exacerbación de las desigualdades históricas padecidas, lo que a su vez incide en el desarrollo de un país con mayor justicia social y oportunidades para todos.

Última modificación: 23 de febrero de 2017 a las 14:20

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